María Corina Machado rechaza la confiscación de la casa de su asistente. La líder de la oposición democrática María Corina Machado rechazó este miércoles 25 de febrero la confiscación de la residencia de su asistente personal, Laura Acosta, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
Machado aseguró que durante años el «régimen se ha ensañado con la gente más cercana a mí», mencionando a su equipo de trabajo, compañeros de lucha, familiares, su abogado, amigos cercanos y a Laura Acosta.
La dirigente, Premio Nobel de la Paz 2025, explicó que trabajó junto a Acosta durante más de dos décadas, lo que desencadenó, a su juicio, una persecución directa contra ella y su familia. Machado relató que Acosta tuvo que salir de Venezuela para proteger sus vidas, y citó palabras de la propia asistente: “salió con un bultico dejando toda su vida en la casa”, el lugar donde vivieron sus suegros por más de 40 años y donde Acosta y su esposo criaron a sus hijos.
La líder opositora denunció que el régimen pretende arrebatarle la casa también, afectando los recuerdos y pertenencias de toda una vida. Para Machado, la respuesta y fortaleza de Acosta frente a la pérdida de su patrimonio demuestra que se trata de “una lucha espiritual y existencial”.
«No hay crueldad que detenga nuestra decisión de ser libres y de regresar a nuestros hogares con nuestros hijos. Laura lo hará también», afirmó en su declaración.
María Corina Machado rechaza la confiscación de la casa de su asistente
El partido político Vente Venezuela, liderado por Machado, había denunciado que la vivienda de Acosta en Caracas fue objeto de un proceso de confiscación por parte del Gobierno de Venezuela, al que calificó de retaliación política. Según la organización, Acosta fue víctima de amenazas desde 2024 y debió abandonar el país tras una orden de captura en su contra.
La denuncia incluye antecedentes de allanamientos y hostigamientos previos a la casa de Acosta, así como visitas frecuentes de funcionarios no identificados al inmueble.
La denuncia ha generado preocupación entre sectores de la oposición y defensores de derechos humanos, que consideran la medida un ataque al entorno de la líder opositora y un ejemplo de persecución política en Venezuela.
