Valencia, 23 de enero de 2026-. Un venezolano enfrenta cargos graves en Arizona por presuntamente amenazar a residentes. El ciudadano Javier Enrique Erazo-Zúniga, de 27 años, permanece detenido bajo fianza de 250.000 dólares mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades estatales indican que el imputado reclamaba parte de la comunidad Hidden Valley como su territorio y extorsionaba a los residentes.
Un venezolano enfrenta cargos graves en Arizona por presuntamente amenazar a residentes
Según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS), los detectives comenzaron a seguir a Erazo-Zúniga en diciembre.
Recibieron información de que estaba exigiendo dinero a los vecinos mientras los intimidaba con armas mortales.
Los investigadores vinculan al acusado con varios incidentes violentos en residencias locales.
En 2024, presuntamente golpeó a una víctima con llave de cabeza y la amenazó con un cuchillo, causando una herida.
El mes pasado, habría apuntado con pistola a otra persona al final de su entrada, según el DPS.
Durante una inspección de su dormitorio, la policía confiscó un arma de fuego que habría sido usada en los incidentes, detalló Bart Graves, portavoz del DPS.
Cargos formales y proceso judicial
Erazo-Zúniga fue ingresado en la Cárcel del Condado de Pinal y enfrenta múltiples cargos graves.
Un gran jurado lo acusó formalmente de agresión con agravantes con arma de fuego, dos cargos de falsificación y conducta indebida con armas.
La fiscalía sostiene que la agresión con agravantes constituye un delito grave peligroso por el uso o exhibición de un arma.
También se le imputan dos cargos por posesión de pistolas pese a estar prohibida su tenencia, además de conducta indebida relacionada con armas.
Las autoridades locales enfatizan que el caso demuestra la atención a incidentes de violencia y extorsión en comunidades residenciales.
El juicio y los procedimientos legales determinarán las posibles condenas y medidas adicionales contra el acusado.
Familiares de las víctimas y vecinos de Hidden Valley permanecen atentos a los avances del caso, buscando garantías de seguridad.
El proceso de acusación formal refleja el compromiso del sistema judicial de Arizona con la protección de los residentes ante amenazas armadas.
