Jueces del Zulia denuncian paralización y control absoluto en el circuito penal. Tras la denuncia presentada por jueces del estado Anzoátegui, un grupo de jueces del estado Zulia aseguró que en esta región se vive una situación “igual o más delicada”, atribuida a la gestión de la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado. Los funcionarios describen un funcionamiento marcado por la centralización extrema de decisiones y un retardo procesal que califican como una “trombosis institucional”.
Según los denunciantes, una sola persona designada por la Presidencia del Circuito revisa y autoriza expedientes una vez al día, a partir de las 3:00 p.m. Esto mantiene paralizado el circuito durante casi toda la jornada. “Antes de las tres no se resuelve nada. Todo queda detenido hasta que esa persona reciba instrucciones”, afirmó uno de los jueces. Otro agregó: “Los tribunales están atados. Ningún trámite avanza sin autorización previa”.
Los jueces recordaron que en el pasado solo se consultaban casos sensibles, como asuntos de seguridad nacional. Sin embargo, aseguran que hoy incluso trámites simples —copias certificadas, proveimientos ordinarios o la recepción de un escrito— requieren autorización directa. “Eso nunca había pasado”, destacó un funcionario.
Jueces del Zulia denuncian paralización y control absoluto en el circuito penal
Además, afirman que desde la Presidencia del Circuito se emiten instrucciones contrarias a los criterios vinculantes del Tribunal Supremo de Justicia, lo que deja sin aplicación la doctrina de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal. “Aquí no se aplica la doctrina del TSJ. Se decide según instrucciones internas”, señaló otro juez.
Ante esta situación, los funcionarios exhortaron al Poder Judicial nacional a verificar lo que ocurre. “Invitamos a cualquier ciudadano o funcionario del TSJ a venir al Zulia sin avisar. Verá que todo queda detenido en el mismo filtro”, afirmaron. También pidieron entrevistas privadas con garantías para presentar pruebas.
Los jueces advierten que la combinación de parálisis administrativa, control absoluto y desconocimiento del TSJ ha generado la crisis institucional “más grave” en la historia del circuito penal zuliano.
