Valencia, 15 de octubre de 2025-. Jueza ordena frenar despidos federales motivados por cierre de Gobierno de Estados Unidos. La jueza federal Susan Illston emitió una orden de emergencia este miércoles para detener los despidos masivos de empleados federales.
La decisión responde a una solicitud de sindicatos como la American Federation of Government Employees, que denunciaron abuso de poder.
Los despidos se habían anunciado el viernes pasado y afectan a más de 4.100 empleados en ocho agencias, incluyendo Salud, Educación y la EPA.
Illston destacó que la Administración Trump actúa de manera “azarosa” al despedir personal, causando impactos humanos que “no pueden ser tolerados”.
Jueza ordena frenar despidos federales motivados por cierre de Gobierno de Estados Unidos
El cierre ya cumple dos semanas y se mantiene por desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto federal.
Trump y legisladores republicanos buscan presionar para excluir fondos de Medicaid y seguros privados bajo la Ley de Salud Asequible.
Normalmente, los empleados federales no esenciales son puestos en licencia temporal, mientras que los imprescindibles continúan trabajando sin recibir su sueldo.
La Administración Trump ha indicado que podría no pagar salarios retroactivos incluso a quienes siguen en sus puestos durante el cierre.
Reacciones y posibles consecuencias
Funcionarios de la Casa Blanca han cuestionado la jurisdicción del tribunal de distrito, lo que genera incertidumbre sobre la implementación del fallo.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, afirmó que no negociará con demócratas mientras insistan en incluir Medicaid en el presupuesto.
Trump ha asegurado que algunos empleados, como militares desplegados, seguirán recibiendo pagos, pero otros programas, como educación especial, enfrentarán recortes.
Los sindicatos advierten que los despidos masivos podrían marcar un precedente negativo sobre la protección laboral durante cierres gubernamentales.
La orden de la jueza busca garantizar derechos laborales y frenar medidas consideradas punitivas mientras continúa el estancamiento presupuestario en Washington.
