Migrante venezolano denuncia abuso y detención ilegal tras expulsión a El Salvador. Neyiyerver Adrián León Rengel, uno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, presentó este jueves una demanda civil contra el Gobierno estadounidense. En la demanda, Rengel alega haber sido detenido y expulsado sin el debido proceso legal, y denuncia haber sufrido abuso físico, verbal y psicológico durante su detención.
El joven venezolano, liberado la semana pasada tras pasar más de cuatro meses recluido en el Centro de Confinamiento Territorial (CECOT) en El Salvador, solicita una compensación de 1.3 millones de dólares por los daños sufridos. La demanda fue interpuesta con el respaldo de la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y es la primera que presenta uno de los venezolanos expulsados a El Salvador.
Según el documento legal, los funcionarios federales estadounidenses mintieron a Rengel, asegurándole que sería deportado a Venezuela, su país de origen. Sin embargo, fue enviado a El Salvador, un país donde no tiene vínculos personales ni es su lugar de origen, y donde fue sometido a abusos.
Rengel, de 27 años, trabaja como barbero en Irving, Texas. Fue detenido en el estacionamiento de su apartamento por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras haber ingresado a EE.UU. mediante la aplicación CBP One, un programa creado durante la administración Biden para gestionar la presentación de migrantes en la frontera sur. Además, había solicitado el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Migrante venezolano denuncia abuso y detención ilegal tras expulsión a El Salvador
Las autoridades estadounidenses lo identificaron erróneamente como miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua, lo que motivó su expulsión a El Salvador bajo la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, un decreto invocado durante el gobierno de Donald Trump para deportar a venezolanos presuntamente vinculados con esta organización criminal.
Durante su estancia en el CECOT, Rengel soportó condiciones que la demanda califica de «inhumanas y deplorables». Fue recluido en una celda de apenas tres por tres metros junto con otros 18 o 19 venezolanos, donde permanecían casi todo el día sin posibilidad de salir. Además, fue víctima de agresiones físicas por parte de guardias, quienes lo golpearon en el pecho y estómago, y en una ocasión lo trasladaron a una zona sin cámaras para ser brutalmente atacado.
El director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño, calificó el caso como un “llamado de atención para todos los estadounidenses que creen en la promesa constitucional y el estado de derecho”, y aseguró que la situación de Rengel es “una parodia de la justicia que merece atención nacional”.
La demanda se da en el contexto del acuerdo anunciado la semana pasada entre Washington y Caracas para el retorno de los más de 250 migrantes venezolanos a su país. Este pacto se realizó a cambio de la liberación de diez ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes detenidos en Venezuela.
La mayoría de los migrantes expulsados no contaban con antecedentes penales y permanecieron incomunicados durante meses, situación que varias organizaciones de derechos humanos han denunciado como “desapariciones forzadas”. El Gobierno de Trump los acusó de pertenecer a Tren de Aragua y acordó con El Salvador pagar alrededor de seis millones de dólares anuales para mantenerlos detenidos.
