Trump reaviva polémica sobre ciudadanía por nacimiento. El controvertido decreto del expresidente Donald Trump que pretende eliminar la ciudadanía por nacimiento vuelve al foco judicial este jueves, en una audiencia clave en la corte federal de Concord, Nueva Hampshire. Es la primera gran evaluación del caso desde que la Corte Suprema limitó la capacidad de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales de alcance nacional.
La política, firmada el 20 de enero, impide que se otorgue ciudadanía estadounidense a hijos nacidos en suelo estadounidense de padres en situación migratoria irregular o temporal. Aunque no ha entrado en vigor, fue detenida por múltiples jueces por considerarla inconstitucional.
Trump reaviva polémica sobre ciudadanía por nacimiento
La audiencia se centrará en la solicitud de certificar una demanda colectiva en nombre de “todos los niños actuales y futuros” afectados por el decreto, así como sus padres. De ser aprobada, permitiría emitir una nueva orden judicial que bloquearía el decreto en todo el país.
El juez Joseph Laplante, quien ya falló en contra de la medida en febrero, deberá decidir si concede esta certificación. Laplante señaló entonces que el decreto contradice el texto de la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a quienes nacen en territorio estadounidense.
Riesgos para los afectados
Entre los representantes del grupo demandante hay una solicitante de asilo hondureña embarazada y un ciudadano brasileño cuya esposa —sin estatus legal— dio a luz en marzo. Sus hijos serían directamente afectados por la nueva normativa, enfrentando riesgos como la apatridia, exclusión de programas federales y posibilidad de detención o deportación.
Según Cody Wofsy, abogado de la ACLU, “ningún tribunal ha validado esta política”, por lo que espera un nuevo fallo favorable. El desafío legal busca frenar una norma que, según sus críticos, socava principios fundamentales del derecho estadounidense.
A la espera de aplicación
La Corte Suprema dictó que el decreto no puede implementarse hasta 30 días después del 27 de junio, aunque la administración ya puede elaborar directrices para su ejecución. Mientras tanto, otras cortes del país también están revisando sus medidas cautelares a la luz del reciente fallo.
Este caso es un termómetro legal del nuevo panorama judicial estadounidense y de cómo los tribunales manejarán las futuras políticas migratorias impulsadas desde la Casa Blanca.
