Clima de temor invade a trabajadores agrícolas en el sur de Nuevo México y Texas. Un ambiente de miedo y desconfianza se ha apoderado de los trabajadores del campo en el sur de Nuevo México y Texas, según denunció Carlos Marentes, dirigente de la Central de Trabajadores Agrícolas Fronterizos con sede en El Paso. Marentes sostiene que la política migratoria implementada por el presidente Donald Trump ha provocado una ofensiva sistemática contra quienes alimentan al país, generando inseguridad constante.
Pese a los recientes ajustes anunciados desde la Casa Blanca, los operativos de detención realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) continúan, exacerbando la preocupación en la comunidad agrícola, tal como reseña El Diario de El Paso.
Marentes relata casos preocupantes en California, donde los operativos migratorios forzaron a los jornaleros a abandonar sus herramientas y cultivos, deteniendo la producción. De manera similar, al sur de Las Cruces, Nuevo México, la presencia constante de patrullas migratorias generó un ausentismo total en un campo agrícola, paralizando la actividad durante tres días consecutivos.
Clima de temor invade a trabajadores agrícolas en el sur de Nuevo México y Texas
Esta movilidad forzada no solo afecta a los trabajadores sino que pone en riesgo la continuidad de las cosechas en un sector que no puede permitirse pausas prolongadas. La interrupción reiterada genera pérdidas económicas y amenaza la estabilidad del suministro agrícola regional y nacional.
Organizaciones agrícolas del oeste de Estados Unidos han comenzado a manifestar su preocupación por la pérdida progresiva de trabajadores, un problema que se agrava con las políticas restrictivas.
Marentes critica duramente a asociaciones que apoyaron la campaña de Trump y ahora presionan para minimizar el impacto de las redadas, buscando proteger sus propios intereses económicos. Aunque la ley contempla sanciones para los empleadores que contratan personas sin documentación, estas medidas son aplicadas con poca frecuencia, lo que fortalece la impunidad y vulnera a los trabajadores.
La dependencia de mano de obra migrante es indiscutible: cifras oficiales indican que entre 2.5 y 3 millones de personas integran la fuerza laboral agrícola en la región, y al menos el 46% carece de estatus migratorio legal. Marentes advierte que eliminar a este porcentaje podría derrumbar la economía agrícola, que genera aproximadamente 3.5 billones de dólares al año y depende en gran medida del trabajo de inmigrantes mexicanos.
