Crónica Uno – Valencia, 15 de abril de 2025-. Familias de venezolanos enviados a El Salvador esperan fe de vida de detenidos. Este 15 de marzo se cumple un mes desde que el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) envió a 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de El Salvador que admitió a estos ciudadanos cuyas familias claman por una fe de vida de sus hombres.
Desde entonces, los familiares de estas personas enviadas a El Salvador aseguran no tener información certera de sus parientes, más allá de la lista de nombres filtrada a los medios y que les daba la certeza de que estaban en la cárcel antiterrorista creada para albergar pandilleros salvadoreños.
“No sabemos nada (…) Yo estoy segura de que si en algún momento le permitirían una llamada él me llamaría a mi, pero no sabemos nada, nadie nos dice nada. No tenemos ninguna noticia. Nada”, dijo a Crónica.Uno Astrid Carolina, la esposa de Julio Fernández, uno de los enviados al Cecot.
Otros familiares consultados por este medio coinciden en que siguen sin saber de sus familiares, sin tener contacto telefónico con ellos y sin información sobre las diligencias que se adelantan para sacarlos de ese sitio al que los envió la administración del presidente Donald Trump.
Desaparición forzada
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) se pronunció recientemente sobre este caso y aseguró que los venezolanos están en una situación “desaparición forzada y detención arbitraria”.
HRW tildó de “crueldad” el trato y situación a la que fueron sometidos los migrantes venezolanos enviados a El Salvador. La ONG pudo constatar que permanecen incomunicados, luego de recabar testimonios de al menos 40 familiares.
“Los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas y las autoridades estadounidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares”. indicó HRW en su comunicado
La organización que defiende derechos humanos abogó porque se le permita a los detenidos contacto con sus familias y que se informe cuál es la base legal para mantenerlos detenidos, pues fueron admitidos en esta prisión sin ningún juicio previo.
Además, informaron que el 5 de marzo pasado la ONG envió una carta al Gobierno de El Salvador. En el texto pidieron información sobre estas detenciones, pero no obtuvieron respuesta.
Tras su llegada al Gobierno de EE. UU., Trump intensificó las políticas de deportación de inmigrantes venezolanos presuntamente involucrados con el Tren de Aragua, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Las expulsiones se llevaron a cabo sin un proceso legal, a pesar de que un juez federal bloqueó temporalmente la facultad del gobierno de Trump, de aplicar la ley empleada durante la Segunda Guerra Mundial.
Familias de venezolanos enviados a El Salvador esperan fe de vida de detenidos
“No sabemos nada”
Andrés Cedeño es padre de Andrys Cedeño Gil, un jovén de 23 años deportado desde norteamérica y enviado a El Salvador. Este hombre permanece en Venezuela y ha asistido a todas las concentraciones y reuniones convocadas por la administración de Nicolás Maduro para clamar por la libertad de su hijo.
No obstante, asegura que hasta el momento nadie maneja información certera sobre los detenidos y que siguen esperando “buenas noticias”.
“Yo firmé en las firmas que recogieron en favor de ellos, fuí a las marchas, he ido a casi todo. Pero todo está igual, no se ha escuchado nada. Puros familiares protestando y protestando sin ninguna respuesta exacta. No sabemos nada”, dijo a Crónica.Uno.
Cedeño explicó que siguen en redes y televisión las noticias en torno al tema de los venezolanos en el Cecot y que lo que pueden saber lo saben a través de estos medios, pues no hay otras novedades.
El padre de Andrys insistió en que ahora los familiares aguardan por noticias de los abogados enviados por Venezuela para resolver el caso. No obstante, sabe “muy por encima” que no los dejan pasar a El Salvador.
Diligencia oficial
A principios de marzo se hizo público que el equipo de abogados contratado por Caracas pidió al Gobierno de El Salvador que respete los derechos de los más de 200 venezolanos recluidos en su prisión de máxima seguridad.
Los abogados pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y al Director General de Centros Penales de esa nación que “verifiquen y constaten” las condiciones en las que se encuentran estos venezolanos y que garanticen la comunicación con sus familias.
Con información de Crónica Uno.
