Crónica Uno – Valencia, 5 de diciembre de 2024-. La preocupación entre los miembros de organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en Venezuela ante la promulgación en gaceta de la ley anti-ONG es evidente cuando se niegan a dar entrevistas o revelar sus próximos pasos. Sin embargo, algunas coinciden en que mantendrán su trabajo por la gente, pese a cualquier obstáculo.
Con la publicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro se concreta lo que ha sido calificado por activistas como “un ataque” al espacio cívico y al derecho de asociación en Venezuela.
El texto legal prohíbe a las organizaciones recibir aportes económicos de organizaciones políticas y promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”. Además, ordena suspender y disolver las ONG en Venezuela, si estas no se apegan al régimen jurídico que plantean aplicar.
También obliga a las ONG a entregar mucha de su información, entre ellas quienes son sus financistas, algo que pudiera amenazar el funcionamiento de las organizaciones, sobre todo en un país donde hay precedentes de persecución.
Para quienes dirigen algunas de estas asociaciones, la aprobación derivará en que muchas ONG intenten cumplir con los requerimientos de la norma, a otras las rechacen o decidan desaparecer y muchas mantendrán su trabajo y mutarán para adaptarse.
Trabas adicionales
Para el director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, la criminalización en contra de las organizaciones de la sociedad civil es de vieja data y este instrumento legal viene a reforzar las trabas que ya existían para la ejecución del trabajo que desempeñan y su desenvolvimiento legal.
Correa aseguró que esta ley aumenta las dificultades al agregar más pasos y requerimientos. La ley dificulta el derecho de asociación consagrado en la Constitución y los tratados internacionales de Venezuela.
Tras la promulgación de la ley anti-ONG, el activista cree que muchas organizaciones intentarán cumplir con los requerimientos. Algunas organizaciones tendrán éxito en adaptarse, mientras otras intentarán reinventarse para no desaparecer.
“Tal vez una ONG grande tenga el músculo para cumplir con los requerimientos, pero hay asociaciones de hecho que no tienen figura jurídica. Son organizaciones sin personalidad jurídica propia y esta ley genera imprecisiones genéricas y sanciones muy duras”, explicó.
Agregó también que la norma no considera la amplitud y diversidad del derecho a la libre asociación en el país. Muchas organizaciones optan por funcionar de hecho y se amparan en la figura de otras organizaciones asociadas.
Además, la implementación de la ley “entorpece, fastidia, molesta o dificulta” el acceso a financiamiento de muchas organizaciones que viven de fondos obtenidos a través de concursos y programas internacionales.
“Las personas que integran estas organizaciones, algunas van a decir ‘tiro la toalla’, otras intentarán inscribirse, otras no lo van a lograr porque es una lógica arbitraria y otros dirán que quieren seguir trabajando, es lo que nos toca”, dijo Correa.
El miedo
“Nosotros estamos asustados. Podemos quedarnos sin empleo y, lo que es peor, mucha gente puede quedarse sin ayuda”, dijo a Crónica.Uno un trabajador de una ONG humanitaria que prefirió omitir su identidad.
Aseguró que el clima es de miedo entre las organizaciones y las personas que trabajan dentro de estas ONG. No solo por poder quedar desempleados, sino porque puedan ser sometidos a medidas como allanamientos o visitas policiales.
Esta fuente aseguró que ya desde antes de la promulgación de la ley han tenido trabas para lograr estar al día con los requerimientos legales que se exigen para su funcionamiento. Pero, admitió, la promulgación agrava más la situación.
“Nosotros vamos a seguir trabajando, pero no sé cómo ni hasta cuándo y no sé si nos van a dejar seguir ayudando a la gente”, sentenció.
Con información de Crónica Uno.
