Monitoreamos – Valencia, 12 de noviembre de 2024-. Este lunes 11 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de presentación de la periodista de lapatilla.com en el estado Vargas, Ana Carolina Guaita Barreto, quien se encuentra detenida arbitrariamente desde el 20 de agosto, tras las protestas postelectorales que se registraron en el litoral central.
Al terminar la audiencia, se conoció que fue ordenada la privativa de libertad tras estar acusada de tres delitos: instigación al odio, obstrucción de la vía pública y terrorismo.
Al respecto, el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, calificó -a través de su cuenta en X- que la medida de «atroz»: «Acaba de concluir la audiencia contra la periodista Ana Carolina Guaita Barreto, quien fue pasada a juicio y privada de libertad con los cargos: Instigación al odio, terrorismo y obstrucción de la vía pública Una medida atroz para una joven cuyo delito es ser hija de calificados dirigentes de la oposición democrática y periodista para informar los acontecimientos del litoral central. Una justifica politizada, que viola los más elementales derechos por obedecer las instrucciones del estado-PSUV».
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) expresó su rechazo a esta medida contra la periodista. «Rechazamos este juicio y delitos que le imputan porque no se encuentra ajustado a derecho y desde el principio se ha violado el debido proceso y su derecho a la defensa», destacó la organización gremial en su cuenta oficial en X.
Guaita, además de comunicadora social e instructora de PowerBike, es hija de los dirigentes políticos del partido Copei, Xiomara Barreto y Carlos Guaita.
Fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 20 de agosto de 2024 en horas de la tarde en la urbanización El Rincón, en la zona de Maiquetía, estado Vargas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 27 de agosto de 2024 la Resolución 58/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor Ana Carolina Guaita Barreto, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
Con información de Monitoreamos.
