Los sujetos ofrecen en venta un apartamento ubicado en el edificio Tuscany, Los Palos Grandes, municipio Chacao (Miranda) y luego, cuando los compradores toman posesión del inmueble, proceden a denunciarlos como unos invasores.
En ese esquema cayeron Colbe Orlando Parra Rodríguez, su esposa María Angélica Hernández González y, la madre de ésta María Angélica González de Hernández.
El relato de cómo sucedieron los hechos está contenido en un recurso de amparo interpuesto ante el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En ese documento se señala que las tres víctimas “se encuentran actualmente en un total estado de terror, inseguridad jurídica y desasosiego”. Ello debido a que José Ángel Silva y Eliecer Peña Granda, quienes hicieron las veces de gestores en la presunta venta del apartamento, presentaron una denuncia en el año 2012 ante la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz. Doce años después de esa denuncia, es decir en julio de este año, dos fiscales del Ministerio Público los imputan por invasión, agavillamiento y falsa atestación.
De allí que en la acción de amparo se señala a los fiscales Jefferson Jesús Padrón Martínez y Henry Arcenio Santos como integrantes de esa estructura delictiva que estafa con la venta presunta del apartamento en cuestión.
Los demandantes señalan que los fiscales Padrón y Santos actúan “con evidente arbitrariedad…cuando a sabiendas de su incompetencia jurisdiccional como titular de la acción penal para dirimir conflictos que por su naturaleza deben ser atendidos en la jurisdicción civil”.
En ese sentido, Rodríguez y Hernández recordaron en el recurso de amparo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha emitido decisiones donde exhortan al Ministerio Público “a no utilizar la jurisdicción penal para aterrorizar a los ciudadanos mediante el injusto y malicioso sometimiento a un proceso penal cuando de las circunstancias fácticas se desprenda con meridiana claridad que tales hechos deben ser dirimidos por los tribunales con competencia en materia civil”.
Señalan que los mencionados fiscales les han planteado una especie de extorsión, consistente en cerrarles el expediente a cambio de abandonar el apartamento.
“Los tan nombrados fiscales decidieron utilizar el Ministerio Público para aterrorizar a mis defendidos sujetándolos injustamente a un proceso penal, bajo la amenaza condicionada a extinguir la acción penal si estos renuncian al derecho humano de vivir en una vivienda adecuada”, reseñan los demandantes en el recurso de amparo.
“¿Cómo es que, aun cuando fue acreditado en el expediente 01-DDC-F49-0430-2012 que somos compradores de buena fe y presuntas víctimas de los delito de estafa y extorsión, el Ministerio Público decide imputarnos por la presunta comisión de varios delitos?”, se preguntan Colbe Parra, María Angélica Hernández y María Angélica Hernández de González en el recurso de amparo.
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