Globovisión–Caracas, 16 de febrero de 2024. Las autoridades de Perú mantendrán la orden de impedimento de ingreso al país del expresidente boliviano Evo Morales, después de que un tribunal revocó una resolución previa que había admitido un recurso de habeas corpus y anulado la alerta migratoria emitida contra el exgobernante, se informó el jueves.
La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró «improcedente por sustracción de la materia» el habeas corpus presentado por un abogado en favor de Morales, tras considerar que la situación jurídica y libertad del exmandatario «en la actualidad se encuentran sin ninguna afectación» y «no ha mostrado si quiera algún indicio o intento de querer ingresar al Perú».
Fuentes de la Superintendencia de Migraciones confirmaron la decisión y señalaron que este fallo «resalta la soberanía del Estado peruano para regular el ingreso de extranjeros a su territorio», y «reconoce que la presencia de Evo Morales podría afectar la seguridad interna del país».
El Ministerio del Interior de Perú informó el 9 de enero de 2023 que, a través de Migraciones, había dispuesto «el registro del impedimento del ingreso al país de Evo Morales y de otros ocho ciudadanos bolivianos».
«Una persona peligrosa»
La medida se tomó en medio de la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y la clase política peruana, que dejaron decenas de muertos, y tras señalar que se había detectado ingresos de ciudadanos bolivianos para «efectuar actividades de índole política proselitista», que se consideró que afectaban la legislación migratoria, la seguridad nacional y el orden interno.
En noviembre pasado, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado en parte el habeas corpus presentado en favor de Morales, por lo que ordenó declarar la nulidad de la alerta migratoria y que se emita un dispositivo que regule estas disposiciones «con respecto de los principios y valores constitucionales y democráticos».
Sin embargo, tras una apelación de las autoridades, la Segunda Sala Constitucional concluyó que «el actuar de Migraciones no ha sido arbitrario» y que la decisión que tomó «se encuentra plenamente justificada» porque existió un informe de inteligencia en el que se calificó a Morales «como una persona peligrosa para la seguridad del Estado».
Por los fundamentos expuestos, el tribunal revocó la resolución del 17 de noviembre de 2023 y declaró «improcedente la demanda» presentada contra la Superintendencia de Migraciones.
