Noticia al Minuto– Caracas, 30 de enero de 2024. Un total de 13 personas fueron condenadas en los tribunales de Santiago de Chile por delitos de tráfico ilícito de migrantes, principalmente venezolanos, en la frontera de ese país con Bolivia. Los hechos se cometieron entre febrero y agosto del año 2021. Por ello, a Milton Mamani se le dictó una sentencia de 17 años de cárcel.
Por esa misma causa, el tribunal también condenó a Jhean Vladimir Núñez Muñoz a 11 años de prisión, por su participación en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de migrantes agravado y reiterado. A este último también se le sumaron otros dos años de reclusión, por ser autor del delito de asociación ilícita para el tráfico de migrantes.
En el caso del acusado José Aliscar Barrios Torres, lo condenaron a la pena de 12 años de cárcel. Además, en un fallo unánime, el tribunal condenó a Mamani a tres años de reclusión y a la suspensión de cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena.
En tanto, la acusada Wilma Calle Ayaviri deberá cumplir 15 años y un día tras las rejas, en calidad de autora de los mismos delitos. Se le sumaron otros 818 días de reclusión.
Otros involucrados, quienes responden a los nombres de David Javier Almao Rojas, Robinson Huerta Castillo y Andreína Alejandra Araos Muñoz, deben pagar con diez años y un día de cárcel. Asimismo, el tribunal les impuso otros 541 días de reclusión.
Finalmente, Patricio Antonio Galloso Ramírez y Enrique Alfredo Rezzio Fuentes cumplirán ocho y siete años recluidos, más 300 días de presidio.
Desde Bolivia
El tribunal ordenó el decomiso del dinero y especies incautadas en el procedimiento, reseñan medios locales.
Desde febrero hasta agosto de 2021, los acusados formaron parte de una organización de carácter transnacional que facilitó el ingreso ilegal a Chile de migrantes de distintas nacionalidades, principalmente venezolanos, dijeron las autoridades.
Para ello coordinaban pagos desde la Región Metropolitana, por parte de familiares de las víctimas que se encontraban en esta ciudad. Si las víctimas no acreditaban el pago, eran mantenidas en las casas de seguridad, refugios u hostales clandestinos en Colchane o en Pozo Almonte hasta verificar el pago a la organización criminal.
