Voz de América – Caracas, 08 de noviembre de 2022.El gobierno de Nicolás Maduro comenzará a cobrar el servicio eléctrico en Zulia, la región de Venezuela más afectada por apagones en la última década, luego de años en los que el Estado dejó de recaudar por las múltiples fallas ocurridas.
El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, anunció el sábado pasado la puesta en marcha de un plan bautizado como ‘Borrón y Cuenta Nueva’, con el cual el Estado venezolano aspira a cobrar en los próximos 60 días un “monto fijo” en bolívares a 770.000 suscriptores por los consumos eléctricos que no pagaron entre los años 2018 y 2022.
Se trata de “un mecanismo de pago único por los años de deuda” que permitirá “ponerse al día” a los residentes de Zulia, la zona petrolera por excelencia de Venezuela, explicó.
“Si el usuario tiene años que no paga el servicio eléctrico, no importa. Vamos a hacer un único pago de todo lo que debe, que va a ser calculado por nuestros especialistas, que va a ser un monto fijo, le vamos a entregar su solvencia”, afirmó Reverol, un general en jefe en condición de retiro que también encabezó el ministerio de Interiores en Venezuela.
El funcionario, quien está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su responsabilidad en la represión del Estado contra manifestantes y líderes opositores, precisó que prevén instalar en una “primera fase” 2.000 medidores del servicio en Zulia.
Se trata de “un mecanismo de pago único por los años de deuda” que permitirá “ponerse al día” a los residentes de Zulia, la zona petrolera por excelencia de Venezuela, explicó.
“Si el usuario tiene años que no paga el servicio eléctrico, no importa. Vamos a hacer un único pago de todo lo que debe, que va a ser calculado por nuestros especialistas, que va a ser un monto fijo, le vamos a entregar su solvencia”, afirmó Reverol, un general en jefe en condición de retiro que también encabezó el ministerio de Interiores en Venezuela.
El funcionario, quien está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su responsabilidad en la represión del Estado contra manifestantes y líderes opositores, precisó que prevén instalar en una “primera fase” 2.000 medidores del servicio en Zulia.
Venezuela experimenta una crisis aguda en su servicio eléctrico desde 2009. Múltiples regiones sufren intempestivos apagones y fallas de luz, y algunas, como Zulia, viven racionamientos diarios durante horas para mantener la “estabilidad” del sistema.
Zulia, limítrofe con Colombia en el occidente venezolano, es el estado con mayor número de cortes eléctricos, programados o no, según una asociación civil que lleva esas cuentas.
Según el Comité de Afectados por Apagones, Zulia registró 4.001 fallas en septiembre, seguida por Carabobo, con 2.799. Venezuela experimentó ese mes 27.569 interrupciones eléctricas, con un 7,6 % de incremento en comparación con agosto, detalló la asociación.
El apagón de mayor duración jamás registrado en Venezuela ocurrió en marzo de 2019. La mayoría de sus 23 estados y el Distrito Capital quedaron a oscuras por entre cinco y siete días continuos, afectándose sectores como la salud, el transporte y los servicios públicos.
El gobierno de Maduro llegó a acusar a Estados Unidos de haber lanzado un ataque con tecnología avanzada para provocar la falla en su sistema eléctrico. En ciudades de Zulia, como Maracaibo, se reportaron saqueos violentos y masivos a decenas de negocios.
El gobierno venezolano atribuye sus limitaciones para resolver la crisis eléctrica a las sanciones económicas de Washington, pero voceros de partidos antichavistas alegan que el Estado cometió corrupción con decenas de miles de millones de dólares en proyectos ideados para mejorar el servicio desde el gobierno de Hugo Chávez, en 2009.
Fallas e incumplimientos
El deterioro de la calidad de servicios como el agua, el gas y la electricidad en Venezuela provocó “una situación anómala, de caos y de incumplimiento total” en los pagos por los mismos de parte de la ciudadanía, explica el historiador y docente venezolano Ángel Lombardi.
“Tiene que ser concertado, no se puede decretar y tiene que ser coordinado y de manera progresiva: en la medida en que mejoren los servicios, en esa misma medida deberían normalizarse también las tarifas y el pago”, dijo a la Voz de América.