Tal Cual – Caracas, 21 de diciembre de 2022.- La presencia de Venezuela dentro del sistema interamericano de derechos humanos es todo un dilema político. Gustavo Petro le ha pedido a Nicolás Maduro que reincorpore al país, y el mandatario venezolano afirmó que estudiaría esa posibilidad. Pero el Estado no solo acumula deudas económicas, algunas de ellas relacionadas a la reparación e indemnización de las víctimas, sino también incumplimientos de otro tipo respecto al reconocimiento de violaciones de DDHH contra ciudadanos venezolanos en específico.
El 10 de septiembre de 2012, el entonces presidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento que da base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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La salida de este sistema se hizo efectiva en septiembre de 2013, seis meses después de la muerte de Chávez y que fue sucedido por Nicolás Maduro, quien sigue en el poder.
Pero en 2019, la Asamblea Nacional -de mayoría opositora y considerada «en desacato» entonces por el Ejecutivo- aprobó mediante un acuerdo el retorno al sistema interamericano, al reconocer nuevamente la Convención y la Carta de la OEA. Eso le permitió al gobierno interino de Juan Guaidó posicionar un embajador dentro de la organización y abrió una esperanza a víctimas para que sus casos fueran tomados en consideración dentro de la Corte IDH.
Sin embargo, la realidad política complicó el asunto. Del otro lado, víctimas y organizaciones se empezaron a movilizar para que sus casos sean tratados en este máximo tribunal, que tiene pendiente declarar su admisibilidad o no.
Ezequiel Monsalve, profesor universitario y coordinador jurídico de la ONG Defiende Venezuela, señala que es importante partir de la premisa que desde la perspectiva del derecho internacional público y en especial del derecho internacional de los tratados, “la ratificación que se hizo de la convención en el año 2019 fue efectiva y, de esa manera, los que seguimos acudiendo al sistema interamericano para denunciar y hacer incidencia sobre la violación de derechos humanos en Venezuela lo hacemos en función de ese pronóstico”.
Por supuesto, continúa el especialista en derecho penal, “aquí hay un dilema estructural importante y es que el Gobierno que ejerce el control político del territorio es de Nicolás Maduro. Por tanto, deberíamos preguntarnos si ese Estado va a retornar efectivamente al sistema interamericano y con ello se puede pacificar toda esta coyuntura política en 2019 posterior al desconocimiento de las elecciones presidenciales de Nicolas Maduro y el interinato de Juan Guaidó”.
Esa realidad política tuvo un nuevo protagonista este año. El pasado 27 de octubre, el presidente colombiano Gustavo Petro le pidió a Maduro volver al sistema interamericano durante un acto de gobierno.
El tema fue tratado nuevamente el 1 de noviembre durante el encuentro de ambos presidentes en Miraflores. En la discusión estuvo presente y Maduro comentó que evaluaría esa solicitud.
El coordinador jurídico de Defiende Venezuela señala que, desde la perspectiva política, “depende en buena medida no solo de la voluntad que tenga el gobierno de Nicolás Maduro sino las condiciones que existan en la región y que deben ser promovidas justamente por los países que tienen relaciones bilaterales con Venezuela. Son ellos los que pueden generar un espacio propicio para que este dilema coyuntural en el sistema interamericano se resuelva”.
Sobre esto coincide Ronnie Boquier, defensor de DDHH y coordinador del área jurídica de Cofavic. “Posibilidades siempre hay, lo que faltaría es ver si hay verdadera voluntad por parte del Estado”. El abogado de Cofavic destaca que en materia de derechos humanos “todo lo que sea en pro de la persona y los mismos derechos no solo es bienvenido sino también aplaudido”.
Pone como ejemplo el caso del mismo presidente Petro. “Él fue beneficiario del sistema interamericano cuando llevó su caso por violación a sus derechos y ese mismo sistema estuvo disponible para las denuncias. En el caso de Venezuela es igual”. Se refiere a una inhabilitación política en su contra que fue solventada aprovechando jurisprudencia interamericana, la misma que ha argumentado Leopoldo López y otros en Venezuela para reclamar la anulación de sus derechos políticos.
Boquier también señala que el retorno efectivo de Venezuela al sistema interamericano, si se logra, “no es solo la victoria de un sector sino de todo el país, el sistema interamericano fue creado para la protección de todas y todos”.
Víctimas de Venezuela
En 2020, dos investigadores venezolanos calcularon que de 24 sentencias que había emitido la Corte Interamericana en relación al Estado Venezolano, en 22 de ellas se habían acumulado incumplimientos por parte del país.
“Se determinó que este incumplimiento había afectado a 338 personas en calidad de víctimas, que la deuda (económica de Venezuela) alcanzaba los 11 millones de dólares sin contar el cálculo de indexación por retraso en cada una de estas sentencias”, recuerda el abogado Ezequiel Monsalve.
Cofavic ha participado directamente en siete casos ya sentenciados por la Corte IDH: El Caracazo, que dio pie a la creación de esta ONG, en la sentencia del retén de Catia, una masacre cometida en esta cárcel en el año 1992; los desaparecidos de los deslaves de Vargas; en los casos de la familia Barrios, Jimmy Guerrero y otros, que corresponden a ejecuciones extrajudiciales; al igual que el caso de Linda Loaiza, el primer caso de Venezuela donde se denuncia violencia de género.
